Si bien es cierto que el estudio de todo lo relacionado con la materia de Prevención de Lavado de Activos (AML/FT) pudiera ser ubicado dentro otras disciplinas del Derecho, para nuestra firma es un tópico que tiene tal relevancia que le damos un tratamiento especial.

De acuerdo a la legislación venezolana, así como a los convenios y recomendaciones internacionales, en la que destaca la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se establece que en esta materia, se debe seguir un enfoque basado en riesgos. Es por ello que dentro de nuestros servicios se encuentran evaluaciones de riesgos en materia de lavado de activos, basadas en estándares internacionales utilizando como procedimiento lo establecido en la norma ISO 31.000.

Nuestros servicios involucran el desarrollo de herramientas para mitigar los riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.

Diseñamos e implementamos programas de “compliance” tanto para sujetos obligados financieros y no financieros, así como aquellos que sin ser sujetos obligados tienen la necesidad de implementar dichas normas, para lo cual creamos unidades de prevención, adaptadas a las necesidades de cada cliente, de acuerdo a su línea de negocio y lo que arroje el análisis de riesgo en materia de prevención de lavado de activos.

Dentro de nuestros servicios, realizamos todo el “due diligence” que requieren los departamentos de inmigración, en aquellos casos en los cuales se pretenda emigrar bajo la figura de “inversionista extranjero”, la cual abarca tanto a la persona jurídica como a sus accionistas y miembros de sus Juntas Directivas.

Como complemento de nuestros servicios de “compliance”, realizamos la búsqueda de personas bien sean naturales o jurídicas en la principales listas de sancionados a nivel mundial.

Nuestra experiencia ha demostrado que el diseño e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo así como de las herramientas y políticas preventivas, ante una situación de “crisis legal”, el cliente pueda contar con elementos de defensa suficientes que le permitan afrontar cualquier procedimiento sancionatorio.